La denominada Ley Celaá, aprobada a finales del año pasado, es una más de las que engrosan la dicotomía izquierda/derecha en el poder, una vez agotada (o no) la tentativa de aunar posturas y hacer algo más alejado de las ideas del político de turno, pero más duradero en el tiempo. Esta nueva ley educativa nace entre verdades y mentiras, entre luces y sombras. Pero ¿qué es lo que aporta de novedoso? Depende del color del cristal con el que queramos mirarla; hay cuestiones que son incuestionables, mientras que otras precisan de alguna aclaración que probablemente está alejada del terreno de la pedagogía.
Inicio mis reflexiones en torno a lo que considero que es esencial en educación y que ninguna ley siguiente debería cambiar. En primer lugar, primar siempre la educación pública frente a la privada. Al menos, la LOMLOE intenta equilibrar ambas, al estar muy desfavorecida la primera por la anterior Ley Wert. La educación pública debe ser el eje sobre el que gravite la justicia social, al ser el que posibilita la igualdad de oportunidades.
Las repeticiones de curso no dan resultado. He estado 18 años como maestro y profesor de Secundaria y no conozco ni un solo caso que, tras repetir, el alumno o la aluna consiguiera terminar aprobando Primaria o Secundaria. Las repeticiones de curso solo sirven para acreditar el fracaso del sistema educativo. Algunos medios han llamado “ba
rra libre” a que la nueva ley permita pasar de curso con asignaturas suspensas. No estoy de acuerdo, lo importante es poner las bases para que los centros favorezcan que la escuela compense las dificultades que muchos niños o niñas traen de casa. El origen familiar marca la trayectoria vital de las personas. Esto se nota a primera vista cuando el alumnado llega a los colegios. En ese momento es cuando debe actuar el microsistema educativo del centro y poner las bases para que no ocurra. Se trata de hacer efectivo el carácter preventivo de la educación.
Para que lo anterior pueda ser una realidad, hace falta poner en marcha medidas que ninguna ley debería olvidar. Me refiero a la suficiente autonomía de los centros que permita la adaptación curricular y organizativa del currículum al contexto y a las peculiaridades del alumnado escolarizado. Por ejemplo, poder crear grupos heterogéneos para trabajar determinados contenidos académicos, que favorezcan una permeabilidad entre aulas. En los mismos, niños y niñas de diferentes aulas aprenderían conceptos que quedaron poco claros o que no se adquirieron de forma adecuada en su momento. La nueva ley incluye como novedad el hecho de que los centros puedan elaborar una parte del currículum, lo cual es ciertamente un logro que debería perdurar en el tiempo e incrementarse en el futuro.
Otro aspecto fundamental en un auténtico sistema de garantías de igualdad es la escolarización integral y gratuita del alumnado, con un trato preferente a la Etapa Infantil, integrando ya en la misma al ciclo 0 a 3 años y al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Merece una mención aparte el trato de la educación especial en la nueva ley, objeto de todo tipo de críticas y motivo de diversas manifestaciones en las calles. Intentar atender al principio de normalización es una aspiración a la que ningún sistema educativo debe renunciar. La ley pone el énfasis en que las familias tendrán una participación activa cuando se realice la inclusión de sus hijos en un centro ordinario. Ahora bien, aunque la ley lo contempla, es importante velar porque se cuenten con los recursos para que esta escolarización tenga la calidad que este tipo de alumnado precisa. Conviene no banalizar la importancia que puede tener en la formación integral de los niños y las niñas, compartir un mismo espacio de convivencia con todo tipo de compañeros y compañeras.
A pesar de lo expresado anteriormente, es cierto que la ley incluye medidas que van a permitir un cambio en el enfoque tradicional de las asignaturas, que podrán estar más basadas en competencias y organizarse por ámbitos, lo cual puede conllevar que el trabajo por proyectos pueda ser una realidad más viable. Queda por saber qué dirán las editoriales, que tanto peso tienen sobre la decisión final de los equipos docentes. En muchas ocasiones choca frontalmente un material de clase rígido con una perspectiva ecológica basada en el contexto y en el devenir de los acontecimientos, de manera especial en las etapas Infantil y Primaria.
La lucha contra la segregación escolar es un aspecto muy positivo por destacar, procurando en la medida de lo posible que los centros acojan de manera proporcional al alumnado de familias desfavorecidas, con necesidades específicas de apoyo educativo, inmigrantes y, por supuesto, la escolarización por igual de alumnos y alumnas. De la misma forma, es muy positivo que no se subvencionen centros que segreguen por sexos.
El retorno de los programas de diversificación curricular pone de manifiesto que el sistema educativo reconoce que hay una porción del alumnado que no consigue llegar al nivel exigido y, por tanto, puede cursarlos a partir del tercer curso de Educación Secundaria, consiguiendo así obtener el título de la ESO de una forma más fácil.
Resulta, cuanto menos sospechoso el trato que tiene la lengua castellana, esta que tanto valoramos en la universidad, pues nuestros alumnos cada vez tienen más dificultad para expresarse de forma oral y escrita. Ceder terreno ante las lenguas madres de comunidades autónomas es un error, que además carece de sentido. Las dos tienen cabida por igual en el sistema educativo, nunca se puede poner una por delante de la otra.
En aras de hacer más prevención y menos remedial el sistema educativo, está la medida de cambiar la reválida por evaluaciones diagnósticas. En ellas quedarán plasmadas las competencias adquiridas y las que fueron relegadas a un segundo plano, con el fin de que los propios centros puedan poner en marcha diferentes acciones para mejorarlas. Si esto se consigue que funcione de forma adecuada, será, bajo mi punto de vista, un gran logro de esta ley, pues se busca mejorar antes que sancionar, que es lo que hacía la reválida. De igual forma, es muy interesante la aparición de un Bachillerato para los alumnos que presenten una formación polivalente y no tengan claro qué estudiar al terminar sus estudios obligatorios.
En la parte de organización de los centros se recupera espacio para la democracia y se consolida de nuevo el papel de los consejos escolares, tan denostados por la Ley Wert. Es importante no perder nunca de vista la necesidad de que los padres están presentes en los centros y se diluya así la distancia entre la institución educativa y familias.
En otro orden de cosas, hay algunos temas que son tocados de soslayo por la nueva ley, pues da la impresión de que los legisladores no quieren herir fibras sensibles. Entre ellas, destaca la Religión (católica), que sigue siendo una disciplina de adoctrinamiento en las escuelas en un país que hace años abandonó el concepto tradicional del catolicismo. ¿Qué trabajo cuesta poner una asignatura titulada algo así como Historia de las religiones y dejar que sean las familias las que lleven a catequesis a sus hijos o a dónde deseen? Cercano a este tema está la escuela concertada, que si bien ha tenido una pequeña recolocación en el texto de la nueva ley (muy suave), siguen siendo en muchos casos empresas dedicadas a la educación, donde no se controla, por ejemplo, el acceso al puesto de trabajo. Los centros concertados tienen libertad para contratar como quieran a sus docentes, a pesar de que son los conciertos públicos los que sufragan sus nóminas. Una clara discriminación de las escuelas públicas.
Finalmente, quiero hace referencia a dos temas medulares que me parecen muy importantes: la cultura del esfuerzo del alumnado y la consideración del profesorado. La primera, es algo inherente a la propia persona. Ninguna ley educativa puede cambiar la forma de ser con sanciones o castigos, el esfuerzo constituye la base del trabajo diario que propicia el docente y refuerza la familia. No se consigue suspendiendo, sino valorando de forma adecuada lo que cada uno hace, permitiendo que se sienta realizado.
Cobra así un papel fundamental el profesorado, necesitado desde hace años de un reconocimiento de su esfuerzo. A menudo se habla de la labor de los sanitarios en la pandemia, pero no se dice nada del profesorado, que está día a día en centros repletos de alumnado, con el consiguiente peligro de contagio. El profesorado ha asumido su responsabilidad, consciente de que realiza una labor insustituible, pero sería justo reconocerlo.
De forma paralela, al profesorado se le viene prestando muy poca atención desde el punto de vista de la mejora de su formación inicial y continua. El acceso a la función pública no puede estar supeditado en exclusiva a un examen, ni el acceso a la universidad a una selectividad común al resto de grados. La profesión docente es singular, precisa de personas bien formadas, pero también de personas comprometidas con la enseñanza. Hablo de vocación, un término olvidado por las administraciones a lo largo de los últimos años. En el caso de Secundaria, ambas percepciones cobran mayor peso, pues muchos de estos profesores nunca consideraron dedicarse a la docencia y acceden a la misma tras un cortísimo máster en el que apenas reciben especialización, y una oposición en la que no demuestran estar preparados para el gran reto que constituye el trabajo con la población adolescente. Mejor formación y selección del profesorado es igual a mejor calidad educativa.
Publicado en Educaweb:
https://www.educaweb.com/noticia/2021/01/28/luces-sombras-ley-celaa-19441/
La ley Celaá tiene un enfoque diferente en cuanto a aprendizaje y desarrollo del curso escolar. Permite una enseñanza diferente a la que estábamos acostumbrados. De este modo, hay quien entiende que el desarrollo de competencias mermará la capacidad de contenidos teóricos del estudiante, al dejar de evaluar de una forma más objetiva.
Por otra parte, nos encontramos con una posible desprotección de las personas con fuertes discapacidades, al retirar recursos dirigidos a su adecuada enseñanza.
Por último lugar, debemos de ser cautos en cuanto a la merma en ayudas a la escuela concertada que la ley propone, porque en nuestro caso, no hay problemas de lenguaje al impartirse la enseñanza pues toda es en castellano, pero en determinados territorios, se hace predominar una lengua cooficial al castellano, y ello impide la libre elección de los padres a una enseñanza en el idioma que deseen, máxime cuando ese idioma es el mayoritariamente hablado en nuestro país.