Archive for the ‘Medio ambiente’ Category

Estudio sobre la eficacia del derecho penal medioambiental

viernes, mayo 15th, 2020

Esta semana hemos publicado (Fuentes Osorio; Fajardo del Castillo) el “Estudio sobre el carácter disuasorio, efectivo y proporcional de las sanciones penales impuestas en España y Portugal en delitos contra el Medio Ambiente y su adecuación a la Directiva 2008/99/EC sobre protección del medio ambiente a través del derecho penal (Estudio en España)”. Os copio las propuestas de “medidas normativas y en el ámbito judicial”

  1. Creación de una Ley sobre Infracciones y Sanciones Ambientales que evite parcialmente la fragmentariedad de la normativa sancionadora ambiental y que recoja las clases de infracciones administrativas y penales ambientales, así como sus sanciones (de forma análoga a cómo se hace con el contrabando) según el objeto ambiental protegido (aguas, patrimonio natural y biodiversidad, etc.). Se podría establecer así un sistema de sanciones coherentes y proporcionadas que permita destinar el derecho penal a las formas de agresión más graves y que evite solapamientos estableciendo criterios claros de distinción entre ambos ámbitos normativos.
  2. Exigir que las excepciones a la normativa ambiental nacional adoptadas por las CCAA respeten las prohibiciones establecidas por el Derecho de la Unión Europea o por los Tratados internacionales.
  3. Esclarecimiento de los criterios de distinción entre las infracciones administrativas y los delitos ambientales. Se propone en este último aspecto recurrir a límites cuantitativos[3] que pueden ser organizados según los siguientes criterios en los delitos contra la flora y fauna:
  • Valor económico. Una vez sobrepasado un umbral económico un determinado comportamiento ha de ser considerado como constitutivo de un delito ambiental.
  • Afectación de una especie. Por su carácter como especie protegida y/o al número de ejemplares afectados[4].
  • Reincidencia en las infracciones administrativas.
  1. Ampliación del art. 329 CP que recoge formas de corrupción pública no abarcables por la prevaricación genérica, para que alcance las conductas previstas en los delitos contra la flora y la fauna.
  2. Ampliar la responsabilidad de las personas jurídicas a los delitos contra la flora y fauna y los delitos relacionados con sustancias nucleares u otras sustancias radioactivas peligrosas.
  3. Admitir la responsabilidad penal de las instituciones públicas por delito ambiental y no limitarla exclusivamente al funcionario.

Se recomienda, no obstante, evitar las penas de multas o interdictivas previstas actualmente para las personas jurídicas y establecer que sean sancionadas con penas de amonestación, publicación de sentencia o la obligación de adoptar de forma inmediata medidas para eliminar las consecuencias de la actividad delictiva ambiental.

  1. Lograr mayor homogeneidad en los marcos sancionadores. La eficacia de las penas exige establecer en los delitos contra la flora y fauna la multa adicionalmente a la pena de prisión (y no alternativa como se prevé en la actualidad) e incrementar los marcos penales agravados, haciéndolos coincidir con los de los artículos 325 y ss. CP.

Se recomienda, además, añadir también para las personas físicas (en todos los delitos contra el medio ambiente) penas de multas proporcionales al daño (doble al cuádruple), subsidiarias a las penas de las multas por cuotas existentes. Las primeras se impondrán si resulta una cantidad superior a la de estas últimas.

  1. Control por parte de los jueces o tribunales de las medidas necesarias para restaurar el equilibrio ecológico perturbado impuestas en sus sentencias a los autores de los hechos[5] tal y como dispone el art. 339 CP.
  2. Evitar el automatismo en la concesión de la suspensión de la pena privativa de libertad. Se debe justificar detalladamente que no existe un riesgo de reincidencia y que se ha satisfecho la responsabilidad civil o se ha asumido de forma creíble el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a la capacidad económica del infractor.
  3. Comunicación a la sociedad y, sobre todo, a potenciales sujetos activos, de la información relativa al aumento de la persecución de las conductas y sentencias condenatorias, y la necesidad de incrementar las sanciones y endurecer la concesión de la suspensión de condena.
  4. Elaboración de una guía sobre los criterios aplicables en la formulación de las sentencias sobre delitos ambientales dirigidas a operadores jurídicos. Pueden aportar criterios que permitan superar las discrepancias existentes entre las decisiones adoptadas por los distintos juzgados y tribunales.

[3] Por ejemplo, se puede decidir que las muestras de aguas tomadas en las que se supere en un 200% los valores límite de contaminación se consideraran siempre una «modificación perjudicial».

[4] Por ejemplo, se pueden establecer subgrupos de especies e indicar que la lesión de las que estén en peligro absoluto de extinción siempre será competencia penal. Para el el resto de especies la intervención penal se puede hacer depender, según el grado de amenaza a la que están expuestas, que sean más de x especímenes los afectados.

[5] Restauración de los ecosistemas afectados por vertidos, incendios, vertederos; retirada de residuos; recuperación de especies objeto de contrabando, caza o pesca y devolución a su medio natural, etc.

 

ESTUDIO SOBRE EL CARÁCTER DISUASORIO, EFECTIVO Y PROPORCIONAL DE LAS SANCIONES PENALES IMPUESTAS EN ESPAÑA Y PORTUGAL EN DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y SU ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2008/99/EC SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DEL DERECHO PENAL

El retorno de Sísifo: Las cláusulas de significación y su indeterminación en los delitos medioambientales

lunes, diciembre 30th, 2019

(…) Las cláusulas de significación no resuelven las dudas sobre el aspecto esencial en los delitos contra el medioambiente: cómo hay que hacer el juicio de relevancia que nos permite distinguir el ilícito administrativo del penal, qué aspectos concretos hay que tener en cuenta, cuáles son sus márgenes. Las preguntas sin resolver son numerosas: ¿Qué grado de lesividad debe tener la sustancia? ¿Qué superficie o número de manifestaciones afectadas? ¿Qué duración? ¿Qué cuantía? Etc. La situación se complica aún más cuando al querer precisar estos elementos se recurre a los mismos criterios de relevancia o se cambia el objeto de tutela o el momento consumativo. Por ejemplo, se afirma que una contaminación en cuantía significativa del suelo es aquella que modifica de manera perjudicial sus características, o la que tiene capacidad para lesionar a los animales y plantas, siempre y cuando no lo haga de manera insignificante, lo que no se puede afirmar cuando el daño sea perjudicial y duradero. Si se responde a la pregunta sobre la relevancia con otra cláusula entramos en una situación de definición circular que, además, anula los términos que se van integrando al perder la especificación que les acompaña. Se dificulta así la comprensión de los tipos que se vuelven muy técnicos, en parte por esta autorreferencialidad. Todo ello genera que su aplicación se vuelva impredecible. Este intento fallido de determinación obliga a precisar los tipos en un sentido negativo. Lo único claro es que se excluyen las agresiones mínimas cualitativa y/o cuantitativamente. Pero incluso esta operación implica repetir el mismo proceso, con la diferencia de que la perspectiva inicial es negativa. Las decisiones que se apoyan en esta estructura argumental serán arbitrarias, intuitivas o apoyadas en grupos de casos (…)

http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-23.pdf

La “irresponsable” catástrofe ecológica de Aznalcóllar

viernes, marzo 2nd, 2018

La empresa Boliden-Apirsa no fue declarada penalmente responsable del vertido porque disponía de autorización para la elaboración de la balsa y se consideró, por parte de los tribunales, que su conducta no fue imprudente ya que estaba dentro de los márgenes de comportamiento diligente conforme a la normativa aplicable y según era habitual en la industria extractiva. Sin embargo, podría haberse evitado si se hubiera exigido el uso de la mejor técnica disponible para la concesión de la autorización. La incorporación de este principio a la normativa medioambiental puede garantizar la actualización de la normativa por parte de las autoridades responsables (deber de control para la Administración de su cumplimiento en el momento de la concesión de la autorización, durante su vigencia y para su renovación) y establecer un deber de cuyo incumplimiento pueden derivarse consecuencias penales. Esta exigencia fue introducida por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Y se mantiene en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (TRLPCIC, arts. 4 y 26.4 CP).

La “irresponsable” catástrofe ecológica de Aznalcóllar

Environmental Criminal Law in Spain

lunes, diciembre 11th, 2017

Ha salido publicado el libro Environmental Crime in Europe (Farmer, Faure, Vagliasindi -eds-), en el que participo con el capítulo “Environmental Criminal Law in Spain”.

¿Delito ecológico como delito de peligro abstracto?

sábado, enero 5th, 2013

En este artículo, que he publicado en diciembre de 2012, analizo como la discusión sobre la naturaleza de la puesta en peligro del medio ambiente prevista en el art. 325 CP (que se ha decantado, mayoritariamente, por el peligro abstracto -hipotético- frente al concreto) se ha desarrollado sin considerar suficientemente tres variables: la afectación de los medios y manifestaciones del ecosistema, el papel de la puesta en peligro de la salud de las personas y la relevancia del tamaño del ecosistema de referencia. Se ha pasado por alto que la incorporación de las dos primeras difumina en ocasiones las diferencias entre el peligro concreto y abstracto, figuras que incluso llegan a confundirse. El olvido del tercer aspecto ha hecho desparecer del debate las consecuencias que tiene la modificación del tamaño del ecosistema en la realización de juicio de ofensividad y en las demandas de prueba.

(a) La exigencia de lesión del medio y, a veces, de la flora y fauna afectada por el acto contaminante, originaria del planteamiento del peligro concreto, se ha mantenido en el peligro abstracto  como prueba de la capacidad lesiva o como nivel lesivo mínimo que tiene que alcanzar cualquier conducta contaminadora para poder ser objeto de sanción penal. El reproche es inmediato: estamos ante un simple cambio de etiquetas, el peligro abstracto oculta el enfoque del peligro concreto. La respuesta a esta crítica también es obvia: requerir la lesión de los medios y manifestaciones del ecosistema más próximo al acto contaminante es una exigencia típica compatible con un posterior juicio de idoneidad. Los dos argumentos son correctos, ¿cómo es posible?

(b) La situación se complica todavía más cuando los defensores del peligro hipotético combinan la definición de su juicio de idoneidad, respecto al medio ambiente, con la afectación de la salud de las personas (recogida en el inciso final del art. 325 CP). Si se exige, como condición necesaria de la aplicación del delito ecológico, la puesta en peligro concreto de la salud, la naturaleza del bien jurídico medio ambiente muta y la estructura del peligro se define en función de la salud. De este modo, cuando se mantiene un modelo de peligro abstracto en relación con el medio ambiente pero luego se demanda una obligatoria puesta en peligro concreto de la salud se está definiendo el delito ecológico como un delito de peligro concreto (según una concepción antropocéntrica).

(c) La ausencia de una discusión sobre la importancia de tamaño del ecosistema de referencia ha condenado al olvido (o a un lugar secundario) dos cuestiones relevantes:

(i) El recurso al peligro abstracto resuelve los problemas de determinación causal: basta señalar que la conducta tiene ex ante una capacidad lesiva suficiente (para afectar gravemente el equilibrio de un sistema natural). Esto último resulta, presuntamente, más fácil. Y sin embargo no siempre lo es. La dificultad de prueba causal no estriba únicamente en el grado de peligro exigido, también depende del tamaño del ecosistema de referencia. Cuánto mayor sea más complicado será fijar una relación de lesividad (de resultado o de capacidad lesiva). En este aspecto la discusión se ha limitado a advertir que una visión global del medio ambiente conduce a la imposibilidad de lesión por una conducta aislada lo que desemboca, lógicamente, en el problema de los delitos acumulativos .

(ii) El art. 325 CP no da una indicación sobre el tamaño del ecosistema de referencia . Ello condiciona completamente el juicio de ofensividad en el medio ambiente: su aumento o reducción permitirá afirmar que el hecho realizado es una lesión o que es una conducta con un simple riesgo acumulativo (como opciones extremas). Por tanto, facilita la conversión del hecho en una conducta típica (cuanto más reducido sea) o atípica (cuanto más amplio sea) .

En suma, el delito de «peligro» es un concepto relativo, varía en los delitos medioambientales en función del bien jurídico de referencia y, cuando se tutele un bien jurídico colectivo, de la definición de este bien y de la descripción normativa de la consumación de su lesión. Por consiguiente, afirmar que el art. 325 CP es un delito de peligro abstracto sin tener en cuenta estos aspectos produce confusión: una misma conducta podrá ser una lesión, una puesta en peligro concreto, una puesta en peligro abstracta del medio ambiente. Y todos los planteamientos podrán ser correctos ya que parten de premisas diferentes. El conocimiento las premisas en las que se apoya cada enfoque será una condición necesaria para poder analizar la coherencia de su argumentación al fijar la naturaleza del delito ecológico. Por ese motivo, la estructura del injusto de los delitos medioambientales defendida ha de ser incluida en cualquier solicitud, lege ferenda, de que la tutela del medio ambiente se realice mediante delitos de lesión o de peligro concreto o abstracto; en cualquier interpretación, lege lata, de que los tipos existentes, son de lesión o de peligro concreto o abstracto.

¿Delito ecológico como delito de peligro abstracto? (pdf)

Accesoriedad Aministrativa y Delito Ecológico

viernes, noviembre 23rd, 2012

Este mes ha salido mi artículo “Accesoriedad administrativa y delito ecológico” (en Arana García, Estanislao; Mercado Pacheco, Pedro; Pérez Alonso, Esteban Juan; Serrano Moreno, José Luis (eds.): Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente, Valencia, 2012, pp. 707-733). Por error se han eliminado las páginas finales con todas las referencias bibliográficas. Dejo una versión del artículo original en pdf con la bibliografía completa.

FUENTES OSORIO – Accesoriedad administrativa y delito ecológico