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Estudio sobre la eficacia del derecho penal medioambiental

viernes, mayo 15th, 2020

Esta semana hemos publicado (Fuentes Osorio; Fajardo del Castillo) el “Estudio sobre el carácter disuasorio, efectivo y proporcional de las sanciones penales impuestas en España y Portugal en delitos contra el Medio Ambiente y su adecuación a la Directiva 2008/99/EC sobre protección del medio ambiente a través del derecho penal (Estudio en España)”. Os copio las propuestas de “medidas normativas y en el ámbito judicial”

  1. Creación de una Ley sobre Infracciones y Sanciones Ambientales que evite parcialmente la fragmentariedad de la normativa sancionadora ambiental y que recoja las clases de infracciones administrativas y penales ambientales, así como sus sanciones (de forma análoga a cómo se hace con el contrabando) según el objeto ambiental protegido (aguas, patrimonio natural y biodiversidad, etc.). Se podría establecer así un sistema de sanciones coherentes y proporcionadas que permita destinar el derecho penal a las formas de agresión más graves y que evite solapamientos estableciendo criterios claros de distinción entre ambos ámbitos normativos.
  2. Exigir que las excepciones a la normativa ambiental nacional adoptadas por las CCAA respeten las prohibiciones establecidas por el Derecho de la Unión Europea o por los Tratados internacionales.
  3. Esclarecimiento de los criterios de distinción entre las infracciones administrativas y los delitos ambientales. Se propone en este último aspecto recurrir a límites cuantitativos[3] que pueden ser organizados según los siguientes criterios en los delitos contra la flora y fauna:
  • Valor económico. Una vez sobrepasado un umbral económico un determinado comportamiento ha de ser considerado como constitutivo de un delito ambiental.
  • Afectación de una especie. Por su carácter como especie protegida y/o al número de ejemplares afectados[4].
  • Reincidencia en las infracciones administrativas.
  1. Ampliación del art. 329 CP que recoge formas de corrupción pública no abarcables por la prevaricación genérica, para que alcance las conductas previstas en los delitos contra la flora y la fauna.
  2. Ampliar la responsabilidad de las personas jurídicas a los delitos contra la flora y fauna y los delitos relacionados con sustancias nucleares u otras sustancias radioactivas peligrosas.
  3. Admitir la responsabilidad penal de las instituciones públicas por delito ambiental y no limitarla exclusivamente al funcionario.

Se recomienda, no obstante, evitar las penas de multas o interdictivas previstas actualmente para las personas jurídicas y establecer que sean sancionadas con penas de amonestación, publicación de sentencia o la obligación de adoptar de forma inmediata medidas para eliminar las consecuencias de la actividad delictiva ambiental.

  1. Lograr mayor homogeneidad en los marcos sancionadores. La eficacia de las penas exige establecer en los delitos contra la flora y fauna la multa adicionalmente a la pena de prisión (y no alternativa como se prevé en la actualidad) e incrementar los marcos penales agravados, haciéndolos coincidir con los de los artículos 325 y ss. CP.

Se recomienda, además, añadir también para las personas físicas (en todos los delitos contra el medio ambiente) penas de multas proporcionales al daño (doble al cuádruple), subsidiarias a las penas de las multas por cuotas existentes. Las primeras se impondrán si resulta una cantidad superior a la de estas últimas.

  1. Control por parte de los jueces o tribunales de las medidas necesarias para restaurar el equilibrio ecológico perturbado impuestas en sus sentencias a los autores de los hechos[5] tal y como dispone el art. 339 CP.
  2. Evitar el automatismo en la concesión de la suspensión de la pena privativa de libertad. Se debe justificar detalladamente que no existe un riesgo de reincidencia y que se ha satisfecho la responsabilidad civil o se ha asumido de forma creíble el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a la capacidad económica del infractor.
  3. Comunicación a la sociedad y, sobre todo, a potenciales sujetos activos, de la información relativa al aumento de la persecución de las conductas y sentencias condenatorias, y la necesidad de incrementar las sanciones y endurecer la concesión de la suspensión de condena.
  4. Elaboración de una guía sobre los criterios aplicables en la formulación de las sentencias sobre delitos ambientales dirigidas a operadores jurídicos. Pueden aportar criterios que permitan superar las discrepancias existentes entre las decisiones adoptadas por los distintos juzgados y tribunales.

[3] Por ejemplo, se puede decidir que las muestras de aguas tomadas en las que se supere en un 200% los valores límite de contaminación se consideraran siempre una «modificación perjudicial».

[4] Por ejemplo, se pueden establecer subgrupos de especies e indicar que la lesión de las que estén en peligro absoluto de extinción siempre será competencia penal. Para el el resto de especies la intervención penal se puede hacer depender, según el grado de amenaza a la que están expuestas, que sean más de x especímenes los afectados.

[5] Restauración de los ecosistemas afectados por vertidos, incendios, vertederos; retirada de residuos; recuperación de especies objeto de contrabando, caza o pesca y devolución a su medio natural, etc.

 

ESTUDIO SOBRE EL CARÁCTER DISUASORIO, EFECTIVO Y PROPORCIONAL DE LAS SANCIONES PENALES IMPUESTAS EN ESPAÑA Y PORTUGAL EN DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y SU ADECUACIÓN A LA DIRECTIVA 2008/99/EC SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DEL DERECHO PENAL