Periodos de cumplimiento mínimo tras la reforma del CP introducida por la LO 1/2015

Los beneficios penitenciarios se refieren, en un sentido estricto, a los instrumentos que permiten al recluso que está en prisión alcanzar la libertad antes de que haya trascurrido la totalidad de la condena/pena impuesta. Ello se consigue mediante el acortamiento de la duración de la condena privativa de libertad lo que, en un sentido estricto, en la actualidad sólo se produce mediante el indulto (si bien con anterioridad sí que era posible la reducción de condena por el trabajo[1]). No obstante, en un sentido amplio, hablamos de beneficios penitenciarios para referirnos a instrumentos para conseguir reducir el periodo de cumplimiento efectivo de la privación de libertad (no producen un acortamiento de la pena sino que afectan a las condiciones de su ejecución). Ello se consigue, especialmente, mediante la libertad condicional y el tercer grado y, en menor medida, con los permisos de salida[2].

El modelo de ejecución de la pena privativa de libertad vigente en España se identifica con un sistema progresivo (se caracteriza por estructurar el cumplimiento de la pena privativa de libertad en grados) en la variante de individualización científica (art. 72.1 LOGP). Un sistema flexible que, con un prioritario fin resocializador, atiende como principal criterio a las circunstancias del interno (pronóstico de integración social y su personalidad o conducta[3]) para precisar un programa individual de tratamiento; para determinar su clasificación inicial en un grado, su paso a otro superior o inferior (cada uno de los cuales tiene un régimen diferente) y su destino al tipo de establecimiento más adecuado al grado previsto. Este modelo, que teóricamente se desprende de requisitos objetivos para situar al interno en un grado, se opone al paso obligado por cada grado o a la previsión de periodos mínimos de cumplimiento para la progresión.

Ahora bien, este planteamiento de marcado carácter preventivo-especial se enfrenta a una crítica: la disminución del periodo de cumplimiento de la pena de prisión impuesta como efectiva privación de libertad se opone a necesidades preventivo-generales (reducir los niveles sociales de frustración punitiva y la sensación de falta de eficacia penal; aumentar la confianza en la vigencia del sistema penal y de los valores que tutela; intimidar a la generalidad de la población mediante una pena ejemplar y su efectivo cumplimiento en el régimen más riguroso)  y retribucionistas (es una exigencia de la justicia que reclaman las víctimas y la sociedad que el delincuente sufra una sanción dura de un modo severo). Desde estas líneas se demanda el cumplimiento obligatorio de un periodo mínimo de tiempo de la condena antes de poder acceder a estos beneficios, aun cuando la evolución personal del recluso aconseje su progresiva incorporación a la sociedad. El CP1995 desde su inicio ya prevé estos periodos, medidos según un criterio cualitativo (un porcentaje de la condena), para la libertad condicional. La LO 7/2003, de 30 de junio (de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas) introdujo otro semejante para el tercer grado (respecto a penas superiores a 5 años).  Los permisos de salida también disponen de su propio periodo aunque se recogía únicamente en la normativa penitenciara (arts. 47.2 LOGP, 154.1 RP).

Ello se completa con la previsión de una regla que permite cambiar el objeto de referencia sobre el que se tiene que medir estos porcentajes de cumplimiento mínimo: el art. 78 CP posibilita[4] determinar estos plazos sobre la suma completa de las penas impuestas (lo que de facto implica la previsión de un mecanismo para desactivar los beneficios penitenciarios, que debido a la larguísima duración de las penas – penas imposibles – no se podrán solicitar o esta oportunidad quedará muy próxima a la duración de la condena máxima). Regla que a partir de la LO 7/2003 tendrá un carácter obligatorio para los casos a-d del art. 76.1 CP.

En este proceso de desnaturalización del modelo progresivo científico la actual reforma  ha dado el golpe definitivo con la introducción de novedades en los periodos mínimos de cumplimiento y en su medición que están asociados, directa o indirectamente, con la aparición de la prisión permanente revisable.

Los periodos mínimos de cumplimiento en la prisión permanente para poder disfrutar de un beneficio penitenciario se fijan en relación con el sistema actual de penas individuales y límites máximos de condena y reglas del concurso real de delitos. La severidad del sistema punitivo anterior ha generado que estos plazos sean muy elevados y la imposibilidad, por la incoherencia que introduciría, de una rebaja de los mismos.

Periodos de cumplimiento mínimo y beneficios penitenciarios

[1] El Código penal de 1995 eliminó la posibilidad de reducir la condena máxima por trabajos (un día de condena por dos días de trabajo) que preveía el Código penal de 1973 (art. 100).

[2] En esta línea de interpretación se sitúa el art. 202 RP, si bien no incluyen el tercer grado y los permisos de salida. Art. 202 RP: 1. A los efectos de este Reglamento, se entenderá por beneficios penitenciarios aquellas medidas que permiten la reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme o de la del tiempo efectivo de internamiento. 2. Constituyen, por tanto, beneficios penitenciarios el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular.

[3] Arts. 65.2 y 3 LOGP, 106.2 y 3 RP.

[4] Desde la redacción original del CP1995: Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el artículo 76 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el Juez o Tribunal, atendida la peligrosidad criminal del penado, podrá acordar motivadamente que los beneficios penitenciarios y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias, sin perjuicio de lo que, a la vista del tratamiento, pueda resultar procedente.

 

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