La “irresponsable” catástrofe ecológica de Aznalcóllar

La empresa Boliden-Apirsa no fue declarada penalmente responsable del vertido porque disponía de autorización para la elaboración de la balsa y se consideró, por parte de los tribunales, que su conducta no fue imprudente ya que estaba dentro de los márgenes de comportamiento diligente conforme a la normativa aplicable y según era habitual en la industria extractiva. Sin embargo, podría haberse evitado si se hubiera exigido el uso de la mejor técnica disponible para la concesión de la autorización. La incorporación de este principio a la normativa medioambiental puede garantizar la actualización de la normativa por parte de las autoridades responsables (deber de control para la Administración de su cumplimiento en el momento de la concesión de la autorización, durante su vigencia y para su renovación) y establecer un deber de cuyo incumplimiento pueden derivarse consecuencias penales. Esta exigencia fue introducida por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Y se mantiene en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (TRLPCIC, arts. 4 y 26.4 CP).

La “irresponsable” catástrofe ecológica de Aznalcóllar

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